BOLETÍN 3 – Hacia la II Jornadas de la Nel Guayaquil

El levantamiento indígena de 1990 marcó un cambio de época en las relaciones al interior de los movimientos sociales y entre éstos y el Estado en Ecuador. A partir de ese momento se volvió imposible desconocer el carácter plurinacional del país. Esto se fue expresando en la construcción de los propios movimientos sociales cuanto, en sus demandas, las mismas que tendieron a complejizarse a partir del reconocimiento de la diversidad. A partir de la década de los noventa floreció la diversidad en sus múltiples formas: étnicas, culturales, territoriales, géneros, orientaciones sexuales, ecologismos, etarias, etc., creciendo de manera exponencial las demandas frente a un Estado que ya no sólo era cuestionado por sus contenidos de clase sino también en sus contenidos racistas, centralistas, patriarcales, heteronormativos, adultocéntricos y extractivistas Estas fueron las demandas que estuvieron en la base de la inestabilidad política que vivió el país en la década anterior al inicio del gobierno de Rafael Correa, muchas de ellas fueron recogidas en el programa de gobierno de Alianza País y motivaron el proceso constituyente. Actuar en concordancia con la multiplicidad de demandas resultantes de la diversidad hubiera supuesto el fin del Estado, al menos del Estado realmente existente.

La aparición del llamado proyecto político de revolución ciudadana hizo pensar que en las fuerzas articuladas alrededor de Alianza País existía como apuesta principal la “ciudadanización” del Estado, el mercado y la propia sociedad. Ciudadanizar un Estado que había existido en función a los intereses del mercado. Ciudadanizar un mercado que no tenía mecanismos de regulación ni control social, Ciudadanizar una sociedad en las que todavía amplios sectores estaban excluidos por causas de distinta índole: clase social, etnia, orientación sexual, sexo, edad, etc.

Uno de los principales cuestionamientos al régimen de Rafael Correa tiene que ver con el modo en que el Estado operó en contra de las ciudadanías. El plural hace alusión a la existencia, según Jusidman (2007) de distintas nociones de ciudadanía que se expresan de forma interdependiente. La ciudadanía civil o de libertad individual, la ciudadanía política o el derecho de participar en el poder; la ciudadanía social referida a los derechos y obligaciones que permiten a todos los miembros participar en forma equitativa de los niveles básicos de vida de su comunidad; la ciudadanía cultural o el derecho a la diferencia que parte de reconocer que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de ésta.
Lo ocurrido en Ecuador en los últimos años fue un movimiento contrario a la democratización del estado, una estatización de la esfera pública, que empobreció tanto el concepto de lo público como el de la sociedad civil. Nociones como las de pluralidad se enfrentaron a las visiones oficiales hegemónicas de blanco o negro y las de autonomía de los espacios públicos de la sociedad civil frente al Estado fueron consideradas actos de sedición contra el régimen.
Los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la participación en democracia, que incluye el derecho a la resistencia, fueron los destellos más anti estatales- de la llamada  Constitución de Montecristi- en sus cuestionamiento al neoliberalismo  y al desarrollismo y  fueron justamente aquellos que el gobierno de Rafael Correa consideró en extremo garantista y, los que a través de leyes secundarias, de políticas públicas sin sujetos sociales y de abundante regulación pretendió desvirtuar o desconstitucionalizar. Lejos de la promesa de un Estado laico, se fue configurando un «Estado católico», entendido al menos en dos de sus acepciones, como ‘universal, que lo comprende todo’ y como ‘verdadero, cierto, infalible, de fe divina’ (DRAE, 2012).

Si se aceptará que en Ecuador se vivió el desmontaje neoliberal (Ramírez, 2011), la nueva paradoja es que éste se abordó de manera burocrática, sin participación social y en desmedro del pleno ejercicio individual y colectivo de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. La participación ciudadana, en principio infinita, se convirtió en un cuerpo normado y regulado desde los intereses del Estado; se buscó silenciar las demandas de la ciudadanía, existió una sola voz, todo el poder en un solo ¿ciudadano?, el presidente. Analizado de este modo se puede afirmar que la llamada ‘revolución ciudadana’ devino en una proposición falsa en la medida en que el sujeto del proyecto político fue el Estado, el Estado hiperpresidencialista.

Badiou (2000) sostiene que los actos políticos crean tiempos y lugares. Montecristi (2008) constituyó un momento alto en la expresión de importantes sectores de la sociedad civil frente a un Estado cuestionado por sus contenidos de clase y también en sus contenidos extractivistas, centralistas, racistas, patriarcales, heteronormativos y adultocéntricos. Los representantes de estos sectores se convirtieron en la disidencia del gobierno de Rafael Correa. A ese campo de fuerzas se fueron sumando otras, que desde una vertiente de corte liberal-social encontraron en el régimen límites relacionados con las libertades individuales, la existencia de un estado de derechos, la organización en forma de república. Entre ambos sectores se fueron configurando acuerdos tácticos de sobrevivencia.

Volviendo al inicio, si el reconocimiento de la plurinacionalidad significa otro proyecto de país, otros fines de la acción estatal y otros tipos de relación entre Estado y sociedad (De Souza Santos, 2010) habría que problematizar y llenar de nuevos contenidos el concepto de plurinacionalidad, dándole cabida a nuevas acepciones que trasciendan el ámbito –no menos importante- de pueblos indígenas, afrodescendientes o montubios en el que se ha quedado entrampado el concepto y la acción. Desde esta perspectiva sería interesante promover un debate amplio sobre las implicaciones de la construcción de un Estado plurinacional que reconozca que “la nación cívica puede coexistir con varias naciones culturales dentro del mismo espacio geopolítico, del mismo Estado” (De Souza Santos, p.81). Esto podría resultar en la salida democrática a un conjunto de demandas que al no encontrar cauce devienen en conflictos tales como la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la sustitución del sexo por el género en la cédula de identidad, los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, las reivindicaciones de las culturas juveniles, entre otras. Actuar de esta manera desafía las premisas del Estado moderno e implica una democracia intercultural, pluralismo jurídico, una nueva gestión y políticas públicas (De Souza Santos, p.81).

¿Una fuerza subjetiva que esté distante del Estado, un movimiento de carácter social que se situé del lado de la gente?[1]
¿O también esto es imposible?